A propósito del artículo UNA CÓMODA HUELGA, de ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA, en La Provincia/Diario de Las Palmas,
del LUNES 11 OCTUBRE 2004 Edición digital n. 480
Aún coincidiendo con la idea de que en la Universidad muchas veces se confunde la autonomía con mirarse el ombligo o, peor aún, con hacer lo que nos da la gana, de todo el artículo de Tristán se desprende cierta ignorancia de lo que es el trabajo universitario, especialmente en su doble vertiente de enseñanza e investigación. Si los profesores universitarios fuesen exclusivamente docentes, su regulación y control sería similar al de los profesores de bachillerato. Pero si, además de impartir hasta 8 (o 12) horas de clases semanales, los universitarios han de investigar y si, además, se les va a valorar principalmente ese curriculum investigador para sus carreras académicas, el control sobre el trabajo sólo puede medirse por sus resultados, no por el horario. ¿Hemos de dejar de pensar en el desarrollo de un proyecto a partir de las 3 de la tarde? ¿Sólo leeremos los artículos de las revistas científicas dentro de nuestro horario? ¿sólo escribiremos de lunes a viernes en las 7 horas y media que pasemos en nuestro centro? Malo será eso para la Universidad y para el desarrollo del conocimiento. No es eso lo que hacen las prestigiosas universidades que se nos ponen como ejemplos.
Es cierto, por otra parte, que en las empresas privadas y en la administración pública se descuentan los días de huelga. Pero no es menos cierto que en la administración pública nadie evalúa a los funcionarios, a su labor y su productividad, así como tampoco nadie pone en duda que en su fichaje de 8 a 3 en el puesto de trabajo, muchas de esas horas se "pasan" allí pero no se trabajan: llamadas telefónicas, cortados y desayunos, conversaciones de pasillo y corrillos diversos ayudan a pasar la jornada y a "liberar" a los funcionarios hasta el día siguiente a las 8. Y hasta entonces el trabajo se queda ahí. De seguir este sistema, la investigación y el conocimiento desaparecerían en unas pocas décadas. Y no olvidemos que son las retribuciones de este colectivo funcionarial autonómico la causa de los agravios y conflictos a costa de la homologación.
Por último, la huelga es sólo docente. Esta decisión de la "asamblea" (y de la asociación denominada "asamblea de profesores por la homologación") me parece personalmente un craso error y que demuestra una preocupante falta de imaginación política. No me parece bien que sean los estudiantes los que tengan que "pagar" el conflicto de los profesores con la Consejería. Hay profesores, entre los que me cuento, que empezaron las clases después de la primera semana, pero que no pararon sus otras obligaciones de proyectos de investigación, tutorías, gestión, dirección de tesis y tesinas, etc. Si a los profesores que siguen en huelga se les descuentan de forma completa los días que no han dado clases, están diciéndonos que nuestra única función -o al menos la más importante- es dar clases, cuando esa no es la realidad. Que regulen un sistema de prorrateo y descuenten del salario la proporción que llevan las clases que se han dejado de dar. Me parece muy bien que hacer huelga le "cueste" algo al huelguista y ello hará que se ejerza el derecho a la huelga de una forma más responsable. Pero me gustaría también que se deje de dar esa imagen del profesorado universitario como juerguista y con inmensas vacaciones. Por cierto, que a los profesores de la ULL se les descuentan los días de huelga desde el año pasado, cuando los conflictos de la LOU.
Que evalúen a los profesores (y a las universidades en su conjunto) por sus resultados y que los retribuyan diferencialmente es bueno para la universidad y para la sociedad. Pero a partir de unos mínimos que los pongan en una situación similar al de otras categorías del empleo público. Ningún periódico dice nada de lo que cobran los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias o de los Cabildos y Ayuntamientos, así como tampoco se dicen los salarios que se pagan en las empresas a los titulados. Pero todos, funcionarios públicos y periodistas, se sienten capacitados y legitimados para denostar la labor del profesorado univiersitario. Y para callarse sobre la posición y las políticas universitarias de la Consejería y sobre el infame protocolo por el que se darán los complementos, negociados entre las Juntas de Personal y el Gobierno de Canarias sin presencia de la representación institucional de las universidades.