No hay nada que añadir a la palabra 'Granadilla' en Canarias para que todo el mundo sepa y entienda que se trata del proyecto de construcción de un macro/mega/hiper puerto en la costa del Médano, Granadilla, Tenerife, una obra que supone una grave amenaza medioambiental y, además, tampoco hace falta desde el punto de vista de las necesidades de la economía y la población. Hay una importante guerra política, mediática y social en la isla en relación a ese proyecto y los testimonios en la red son abundantes en cuanto nos metamos en Google. Póngase
¡No al Puerto de Granadilla! y se obtendrá abundante documentación sobre el tema.
El artículo de Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza
(ATAN), que aparece hoy en
CanariasAhora.com, hace un duro balance de la política del
Ministerio de Medioambiente y de la ministra Narbona, que tantas esperanzas suscitaba cuando estaba en la oposición. Dice:
"A los dos años, todo ha quedado en aguas de borrajas, el Ministerio se ha convertido en un grupo de presión a favor de la construcción del puerto, y en un incumplidor de las normas fundamentales del Estado de Derecho, entre ellas la propia Constitución. "
Villalba denuncia la política medioambiental del PSOE con dureza, desde el Ministerio a los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respecto a otro polémico proyecto con amplia deriva urbanizadora y especulativa: la urbanización de la playa de Las Teresitas, cuya belleza reside precisamente en la ausencia de urbanizaciones en el risco negro que la cobija. Y si en el caso del puerto de Granadilla, la opinión pública de la Isla parece ser favorable al proyecto, sobre todo después de una inteligente campaña mediática, en el caso de Las Teresitas sucede todo lo contrario, el rechazo popular es mayoritario.
Lo de Granadilla está pendiente de Bruselas. Lo que me trae a la mente un caso en el que la lejanía de las administraciones decisoras juega a favor de los intereses generales, frente a la idea generalmente sostenida de que mientras más cercana esté la administración a los administrados mejor se gestionarán los asuntos de interés general.. No quiero generalizar al respecto. Sólo matizar que en condiciones de caciquismo, debilidad de la sociedad civil y desarticulación social, la cercanía de los poderes decisorios puede ser irreversiblemente nefasta. Ello no garantiza que la administración lejana vaya a salvar Granadilla, pero al menos nos queda la incertidumbre y la esperanza, cosas que de depender la decisión del Gobierno de Canarias o del de España, ya ni siquiera tendríamos.